La ley contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social anulará el tope máximo de la cuantía de las sanciones, que se situaba en 187.515 euros y se dará mayor protagonismo al trabajo de los inspectores para aflorar la economía sumergida.
Fátima Báñez
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes el proyecto de ley contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y la reforma del Código Penal, que endurecerá las penas para esas conductas y para el fraude fiscal.
Según el anteproyecto de ley, la nueva norma anulará el tope máximo de la cuantía de las sanciones, que se situaba en 187.515 euros y se dará mayor protagonismo al trabajo de los inspectores para aflorar la economía sumergida.
La reforma del Código Penal recoge las nuevas penas máximas para el fraude a la Seguridad Social, que pasan de cinco a seis años, y amplía la prescripción de cinco a diez años en los supuestos más graves, cambios que también afectarán al fraude fiscal.
Además, quedarán reguladas las infracciones en gestión económica y los casos más graves, como el falsear cuentas u ocultar datos contables, serán castigados con una pena de inhabilitación de hasta diez años y multa.